Hoy es traigo la carta que ha escrito un amigo catalán a raíz de los acontecimientos que se han sucedido durante esta semana en Cataluña. Su perspectiva es mucho más cercana que la mía a la realidad que se vive allí y, por ello, me pareció digno de compartirse. Ojalá sirva para traer algo de sentido común.
Voy a deciros una cosa. Más allá de las injusticias de hoy, más allá de la brutalidad policial, de los combates urbanos, de las marchas pacíficas mayoritarias. Porque parece que cada acontecimiento que sucede, cada escándalo televisivo o twitteriano enturbia y agranda la gran pelota que es todo esto.
¿Por qué sale la gente a la calle?
Por lo que he oído, porque se han vulnerado los Derechos Humanos, porque se ha encarcelado a gente por su opinión política, porque se ha reprimido a un pueblo.
Pero… leyendo partes de la sentencia, me doy cuenta de que esto no es así. Que hay que ir con cuidado con las emociones y el populismo enfervorizado. Porque esta situación tiene mucho de ello. Apelan a un “bien supremo”, a la libertad humana y a la democracia. Sin embargo, y me sorprende que haya que explicarlo, esa sentencia es fruto y necesidad de nuestra democracia. Hay una fiebre emocional, un exaltamiento colectivo y una retroalimentación que no creo que deje pensar con claridad (si en este punto ya estás echando bilis y pensando que soy un fascista de mierda y no toleras que alguien ponga en cuestión todo este torrente y “revolución”, aguanta, que es importante lo que viene).
A todos aquellos que hablan del diálogo, de la justicia al servicio del diálogo:
La justicia no está para eso, está para hacer valer la democracia a través del cumplimiento de la ley. ¿De qué se trata, de que la justicia ponga de acuerdo al Estado Español y a la supuesta República Catalana? ¿Cuál sería el punto medio? ¿Estamos entendiendo qué significa la democracia? ¿Qué es la ley?
Es totalmente antidemocrático pensar que la ley se aplique de manera distinta a unos individuos simplemente por el hecho de ser políticos. Simplemente porque hay un “un bien superior” (supuestamente la independencia o la libertad del pueblo catalán), la justicia no debería tratarlos de manera diferente que al resto de ciudadanos. La sentencia no es ni un mensaje político, ni una venganza (si no ya os aseguro que los habrían condenado por rebelión). Los conflictos políticos han de ser judicializados igual que cualquier otro suceso que vaya en contra de la ley. Si no, se estaría instrumentalizando la justicia al servicio del poder ejecutivo y parlamentario.
Para empezar, los delitos por los cuales se les condenan a estos señores no tienen nada que ver con su ideología. Nada. No se les ha encarcelado por su manera de pensar, ni por ser favorables a la independencia. Les han encarcelado por incumplir la ley. Los hechos probados en la sentencia son constitutivos de delito. La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que fue aprobada por el Parlament decía que “Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña”. También declaraba “abolida la la monarquía constitucional, convirtiendo al Presidente de la República en jefe del Estado catalán” . Se redefinía el territorio nacional, y se instituía al tribunal de justicia Catalán como Tribunal Supremo de la Nación. Todo esto queda sobradamente probado que es inconstitucional, aparte que se desoyeron conscientemente todas las advertencias del Tribunal Constitucional. A través de procedimientos ilegales se pretendía la desconexión de Cataluña del estado Español.
¿En qué declaración de los derechos humanos pone que estas personas puedan pasar del orden constitucional de un país y utilizar las instituciones autonómicas de un estado en contra de este mismo Estado? Los diputados de JuntsxSI y ERC firmaron una declaración de independencia. Eso está probado, igual que todo lo anterior. Además de proclamar un referéndum vinculante para tomar una decisión fuera de sus competencias según la Constitución.
Según el código penal, son reos de sedición aquellos que “declaren la independencia de una parte del territorio nacional”. Que sea un delito no violento no exime a los que han cometido el delito. Como tampoco se exime a los corruptos y a los que han vaciado las arcas del gobierno.
La sentencia es una resolución en acuerdo a un código de leyes aprobados por democracia. Estas leyes fueron redactadas por políticos y grupos electos en 1977 en la naciente democracia. Estas leyes han sido reformadas o mantenidas por los grupos que el pueblo ha ido eligiendo durante los siguientes 40 años. Por tanto ha sido el pueblo en mayoría que ha depositado la gestión y el mantenimiento de la ley en la Constitución.
El nacionalismo no es algo inclusivo, como decía Pep Guardiola en el vídeo de la BBC, es algo que excluye, excluye a los españoles. “La secesión pide a los ciudadanos que rompan ese lazo de solidaridad que los une y que procedan sobre la base de pertenencias específicas a una lengua o una etnia” dice Stéphane Dion, Federalista canadiense, escribiendo para el Real Instituto Elcano.
Se está eligiendo un “nosotros contra ellos”, se están atribuyendo el derecho a decidir sobre estar en un lado u otro en nombre de toda la sociedad catalana. Porque en Cataluña hay 7 millones de personas. No los 2 millones de votantes del 1 de octubre.
La sentencia en ningún momento reprocha las “protestas multitudinarias o manifestaciones con lemas duros y combativos”, pero no se puede someter el acatamiento de una decisión judicial a la voluntad de “una, diez, mil, miles o millones de personas”. “Máxime cuando hay otro tanto numérico de ciudadanos que confían en esa decisión y la respetan e incluso la comparten, y quieren confiar en que también ellos serán protegidos por el Estado de derecho” , se recuerda en la sentencia.
No digo que la justicia española sea la mejor. Ni mucho menos. Ni que no falle, porque lo ha hecho. Pero analizando esta sentencia no veo que lo que falle sea la aplicación de la ley. Si queréis cambiar la Constitución, votad este 11 de Noviembre a quienes estén decididos a hacerlo. Si pensáis que las leyes son injustas, votad para que las cambien. Pero recordad que esas leyes no son de los catalanes, son de todos los ciudadanos que residimos o tenemos la nacionalidad española.
Me quedan muchas cosas en el tintero (el porqué de la condena a los Jordis, la actuación de los mossos…) pero no creo que nadie lea más allá del primer párrafo y seguramente sea insultado/censurado/aislado.
Pedro Iniesta
Me ha gustado mucho el comentario hecho respecto de la sentencia del “proces”, hago referencia a una frase que me ha hecho reflexionar: “La sentencia no es ni un mensaje político, ni una venganza”, y es simplemente verdad. Dirigido tanto a los colectivos CDR (con tanto odio reprimido, contra el “estado Español”), como a los “indignados” de derechas que han salido a lapidar a nuestros jueces, por no haber aplicado el tipo de rebelión, sin plantearse siquiera qué o cuáles han sido los argumentos de los magistrados.
Por la parte que llevo leída de la sentencia, y la lectura detenida hecha de los arts. 472ss y 544ss CP (que tipifican el delito de rebelión, primero; el de sedición, después), he podido ver que se ha hecho JUSTICIA y NO VENGANZA (que es lo que algunos querían ver).
La Justicia debe ser ciega, pero a los sujetos, no a la realidad.
Estoy en desacuerdo con que se haya aplicado el tipo penal de la sedición y no el de la rebelión: el primero es un delito contra el orden público, mientras que el segundo lo es contra el orden constitucional, lo que, a priori, lo hace más adecuado.
El artículo 544 del Código Penal establece que: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Por su parte, el artículo 472 dice que: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: […] 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.”
Los hechos tienen mejor encaje en el tipo penal de la rebelión que en el de la sedición.
El Tribunal Supremo considera probada la violencia, pero no en grado suficiente como para hacer efectiva la independencia, mostrando una enorme falta de coherencia, porque si la secesión hubiera tenido éxito gracias a un nivel de violencia adecuado para tal fin, la misma corte no podría juzgar tales hechos por no tener ya autoridad en Cataluña. Además, implícitamente, utiliza un concepto de violencia extremo, ignorando que la violencia no es solo el derramamiento de sangre, sino que se exterioriza de múltiples formas, como la discriminación, las injurias y calumnias, el acoso, las coacciones y las agresiones físicas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jueces y Magistrados y parlamentarios autonómicos sufrieron.
No deseo venganza, ni he lapidado a ningún magistrado (como sí hicieron los secesionistas la semana pasada con la Policía Nacional y los Mozos de Escuadra), anhelo justicia, dar a cada uno lo que se merece, aunque para ello haya que desagradar al Gobierno y no tener unanimidad en el fallo.
Coincido con el autor en que el único fin del Poder Judicial es aplicar la Ley, independientemente del contexto sociopolítico. La labor de los Jueces y Magistrados es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con independencia de sobre quienes recaigan sus decisiones. No es su menester “conciliar”, “acercar posturas”, “favorecer el diálogo” ni demás pamplinas que como un mantra repiten los que consideran el debate solución per se a la situación, obviando que no hay acuerdo posible cuando lo que se pretende es subvertir la soberanía nacional.
Como bien se apunta, los secesionistas disponen de medios legales para lograr sus pretensiones, siempre y cuando ostenten una mayoría suficiente en las Cortes Generales, como sucede con cualquier otro asunto. Como no la tenían, no la tienen y, seguramente, no la tendrán, decidieron imponer su voluntad transgrediendo los principios democráticos más elementales. Se han juzgado hechos, delitos gravísimos, no ideas políticas.
Mención aparte merece la tendenciosa introducción, que hace sorprendente la mesura con la que está redactado el grueso del texto. La situación en Cataluña es aberrante, sin paliativos. Los brutales incidentes de la semana pasada son el corolario de las incontables tropelías que durante años han cometido los secesionistas, con la connivencia de la Administración Pública Autonómica, que las alienta y financia. Décadas de adoctrinamiento y manipulación mediática han dado como resultado un “pueblo” fanatizado que rebosa odio.